Arranco la semana como un apóstol intruso, escribiendo una carta, de buena fe, a los cristianos de buena fe. No quiero que, cuando dentro de un tiempo nos avergoncemos de cómo hemos tratado a otras personas, me recriminen mis hijos o mis nietos que yo qué opinaba.
Perdonad la homilía.
Regularizar para humanizar:
justicia social frente al bulo y la hipocresía
SACANDO PUNTA
Ignacio Henares Civantos
Carta abierta a los CRISTIANOS,
de buena fe, sobre la inmigración
El debate público sobre el Real Decreto sobre inmigración aprobado por el gobierno para iniciar el proceso de “regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular”, se está viendo contaminado por bulos, miedos interesados y discursos que deshumanizan. Frente a este ruido, conviene recuperar una mirada serena, informada y profundamente humana. Hay que recordar que esta propuesta política parte de una Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso de los Diputados y respaldada por cientos de miles de firmas y por una amplia red de organizaciones sociales, sindicales, eclesiales y académicas. Desde mi punto de vista y de mi manera de entender nuestra sociedad, es una propuesta jurídicamente viable, socialmente necesaria y moralmente inaplazable.
Defenderla, desde un humanismo cristiano, no es una concesión al ‘buenismo’, como algunos pretenden caricaturizar. Es, ante todo, una exigencia ética profundamente arraigada en la Doctrina Social de la Iglesia y coherente con la defensa de los principios básicos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrados en nuestra Carta Magna.
Vivimos momentos en los que algunos se empeñan en meter a la Iglesia en la esfera pública, y la propia jerarquía eclesiástica se mete en política, (incluso el presidente de la Conferencia Episcopal se ha atrevido a pedir elecciones generales anticipadas). Momentos en los que, ante la tragedia de un desgraciado accidente ferroviario, nos han impuesto un funeral religioso público, en directo, urbi et orbe. Y sin embargo en un asunto como el tema de la inmigración que requiere la implicación social directa y comprometida, se echa de menos la presencia activa y la falta de liderazgo desde una visión cristiana.
Yo me he criado en una sociedad de valores en los que la dignidad de la persona es el principio irrenunciable que debe orientar cualquier política pública. Por ello me repatea que se hable de ‘ilegales’, cuando nos referimos a hombres y mujeres que trabajan honradamente, que cuidan de nuestros familiares, que sostienen sectores de nuestra economía y que forman parte de nuestras comunidades.
Acudiendo a las Sagradas Escrituras (Éxodo) encontramos una interpelación directa: “no oprimirás al extranjero; vosotros conocéis la suerte del extranjero, porque extranjeros fuisteis”. Obvia decir que como españoles deberíamos ser sensibles a los inmigrantes, nosotros que hemos sido emigrantes como bien debería saber el gallego Núñez Feijóo. Y es más, el propio Jesucristo fue claro al respecto como podemos leer en el evangelio (Mateo), “fui forastero y me acogisteis”. La hospitalidad, la justicia y la defensa del vulnerable no son añadidos opcionales del humanismo cristiano, forman parte de su núcleo esencial, no como un llamamiento piadoso, sino como un criterio de juicio ético y social. Como emigrante durante cinco años en mi juventud, quizás yo haya desarrollado una empatía espacial, al haber estado “metido en esos zapatos”.
Quiero creer que muchas personas de pensamiento cristiano estén siendo víctimas de las campañas de desinformación que, con el objetivo de derrocar al gobierno progresista, buscan el odio y la confrontación y persiguen infundir miedos. Esa debe ser la finalidad del argumento que algunos tontos del bulo propagan cuando señalan repetidamente que la regularización genera un ‘efecto llamada’. La experiencia, por el contrario demuestra que las personas migran históricamente empujadas por causas estructurales (conflictos, pobreza, cambio climático, desigualdades globales), no por procesos administrativos complejos y limitados en el tiempo. No se trata de proponer fronteras abiertas ni una regularización automática per secula seculorum, sino una medida excepcional para una realidad ya existente y enquistada. Negar derechos no frena la migración, solo la hace más vulnerable.
Otro argumento recurrente, más falaz aún, sostiene que las personas migrantes “quitan trabajo” o “viven de ayudas”. La realidad es que miles de personas en situación irregular ya están trabajando, muchas veces en condiciones precarias, sin contratos ni derechos, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados sociales o la construcción. Regularizar no quita empleo, ordena el mercado laboral, combate la economía sumergida y protege tanto a trabajadores migrantes como autóctonos frente al abuso. Además, con la regularización aumentan las cotizaciones y los ingresos públicos, fortaleciendo el Estado del Bienestar.
También se difunde el miedo con una supuesta amenaza a la seguridad o a la convivencia. Este discurso no solo carece de base empírica, sino que resulta profundamente injusto. Y no solamente porque la regularización tiene como requisito imprescindible no tener antecedentes penales ni suponer amenaza para el orden público. La exclusión administrativa es la que genera marginalidad, la inclusión genera cohesión. ‘Dar papeles’ es dar derechos, pero también deberes, visibilidad y responsabilidad compartida. Una sociedad más justa es, siempre, una sociedad más segura.
En el proceso iniciado se trata de regularizar a quienes ya están aquí, ya viven entre nosotros y ya contribuyen. Es una medida de realismo social que se incardina en un Plan de Integración y Convivencia y debe tener continuidad con una estrategia de migración regular, segura y ordenada. Mirar hacia otro lado perpetúa una hipocresía colectiva: nos beneficiamos del trabajo de estas personas mientras les negamos el reconocimiento legal y la plena dignidad cívica.
Esta regularización no es la primera ni será la última, ni aquí ni en el resto de la Unión Europea. La propia Meloni por ejemplo, (de la que presumen amistad y a la que admiran tanto la derecha extrema como la extrema derecha española), aunque mantiene la retórica anti-inmigrantes con la que llegó al gobierno italiano, autorizó entre 2023 y 2025 más de 400.000 contratos a extranjeros. Con la última regularización del verano pasado se prevén en ese país hasta 500.000 nuevos visados de trabajo para migrantes extraeuropeos en los próximos tres años.
La regularización de inmigrantes fue apoyada explícitamente por el PP votando a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular. Entonces su presidente afirmaba “hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos” y el portavoz, por entonces del PP, Borja Sémper, reconoció que había cientos de miles de personas trabajando en la economía sumergida, sin cotizar y sin derechos defendiendo que “a estos seres humanos hay que darles una salida”.
Bajo los gobiernos de José María Aznar, con Mariano Rajoy de ministro del Interior para más inri, se produjeron tres regularizaciones: en 1996, en 2000 y en 2001, que alcanzaron a unas 500.000 personas. Y antes, a principios de los 90 el PP apoyó las medidas al respecto tomadas por el gobierno del expresidente (y exsocialista), Felipe González, defendiéndolas siempre con argumentos humanistas y económicos.
Mucha gente se preguntará ¿qué ha cambiado para que un asunto que se supone cuenta con un amplio consenso social se convierta ahora en nuevo caballo de batalla? Pues, si la realidad migratoria ni la evidencia no son diferentes, lo único que se ha trastocado es la estrategia política del PP que se pasó hace tiempo de integrar a la extrema derecha y democratizarla a sucumbir a sus postulados y a arrastrarse a su discurso y a su programa antidemocrático.
Lo de Vox es previsible, el racismo es uno de los puntos principales de su programa político como muestra que en su propaganda aparezcan memes de Pedro Sánchez entregando pasaportes a jóvenes de aspecto magrebí. Curiosamente serán inmigrantes latinoamericanos los que más se beneficien de este proceso, esos que prefería la Ayuso y que decía “que estaban como en casa”.
El líder de Vox, Santiago Abascal también ha vuelto a hacer el ridículo queriendo implicar a la Unión Europea afirmando que estas medidas perjudican “el correcto funcionamiento del espacio Schengen”, confundiendo y/o ignorando que conseguir un permiso de trabajo en España no se extiende a otros países.
Núñez Feijóo, y sus portacoces del PP, han comprado también otro bulo de la ultraderecha al acusar a Pedro Sánchez de intentar ganar votos entre los extranjeros. Todavía escucho y leo a algunos hooligans agarrados a esta burda mentira, ocultando que un permiso de trabajo no significa obtener la nacionalidad que es la que da derecho al voto en unas elecciones generales o autonómicas. Y que la residencia legal permite el voto solamente en las elecciones municipales, en determinadas condiciones y con tres años de vigencia, por lo que no llegaría a tiempo para las próximas. Se vuelve a repetir aquello de “que la verdad no te estropee el titular”.
Cuando escucho estos prejuicios no puedo dejar de pensar en el refrán de “piensa el ladrón que todos son de su condición” e imaginar qué son capaces de hacer (el que pueda hacer que haga) por conseguir el poder o desde el poder. Un refrán, por cierto, que algunos asocian a paisajes bíblicos como el comportamiento de Judas Iscariote al juzgar las acciones de otros sobre el uso del dinero.
Ahora bien, debo confesar que me decepciona e indigna cuando oigo a quienes defienden la regularización solo desde argumentos económicos: porque “faltan trabajadores”, porque “mejoran las cotizaciones” o porque “conviene al PIB”. Sin negar que estos efectos existan, reducir la dignidad humana a su utilidad económica es profundamente preocupante.
Y aquí es donde me gustaría encontrar a cientos, miles, millones de personas que pregonan la doctrina de Jesús de Nazaret. Me gustaría que en todas las misas, en todas las iglesias españolas, se extendiera la Doctrina Social de la Iglesia que señala que “el trabajo está al servicio de la persona, y no la persona al servicio del trabajo”. Me gustaría que en las homilías se predicara que la regularización es justa, no porque sea rentable, sino porque reconoce derechos a personas humanas, a hijos de Dios. Defenderla solo porque “nos conviene” es aceptar, implícitamente, que si un día dejara de ser rentable, dejaría de ser justa. Y eso es inaceptable desde un pensamiento humanista cristiano. Cuando el orden administrativo se antepone sistemáticamente a la dignidad humana, algo se ha torcido profundamente en nuestra escala de valores.
¡Tan lejos han quedado ya los buenos sentimientos navideños cuando se celebraba el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios bajado del cielo para impartir la buena nueva de amar al prójimo!
¡A ver si pasan pronto las carnestolendas, en las que muchos parecen estar instalados permanentemente, y llega la Semana de Pasión en la que vivimos con fervor la muerte y resurrección de nuestro Salvador y se renuevan las devociones marianas a la madre de Jesús y nos ayudan a recuperar el espíritu y el modo de vida ejemplar de los cristianos! Amén. Y ojalá.
