Mi contribución al debate sobre los incendios forestales.
Competencias 'versus' incompetentes | El Independiente de Granada
Competencias versus incompetentes
Sacando punta
Ignacio Henares Civantos
Espóiler: los incendios forestales que están asolando especialmente a las regiones de Galicia, Castilla-León y Extremadura no es un problema de falta de competencias de esas comunidades autónomas sino de incompetencia en su prevención y en su gestión de los gobiernos regionales.
Como en el famoso chiste de Gila me he debatido repetidamente estos días con el “¿me meto, no me meto?”, en el debate en el que, como siempre, y ante cualquier tema, los todólogos o expertos en todo, saltan a la palestra con el atrevimiento que les da su ignorancia y con la seguridad que les proporciona la cobertura que van a disponer arrimando el ascua a su sardina, (perdóneseme la metáfora en un asunto tan delicado en el que desgraciadamente se está produciendo, además del desastre ecológico, la pérdida de vidas humanas).
Finalmente he decidido mojarme en el asunto, respetando a todas las personas que intervienen, de buena fe, e incluso aquellos que lo hacen de manera más o menos interesada, en este debate, pero despreciando las opiniones que se están vertiendo por los negacionistas del cambio climático o por aquellos que se apuntan a un bombardeo, siempre que sea contra ‘el Sánchez’, (he sentido vergüenza ajena al escuchar al presidente de una comunidad autónoma referirse así al presidente del gobierno, en comparecencia pública, lo que da muestra del nivel barriobajero al que han llegado algunos representantes institucionales).
Escribo desde la experiencia de haber trabajado durante muchos años años en la gestión forestal, de haberme aterrorizado por el ruido y el calor de las llamas, incluso a mucha distancia del fuego; de haber llorado al sobrevolar en helicóptero un incendio días después de la catástrofe, y de haber pateado todo el perímetro de varios de ellos para elaborar un proyecto de restauración; de conocer a muchos profesionales que trabajan en la prevención y en la extinción de incendios (de los que se juegan la vida literalmente); y escribo desde mi actual dedicación como profesor de restauración de la biodiversidad en la Universidad de Granada, en el que analizamos hacia dónde deben ir dirigidas las políticas forestales y la gestión de los espacios naturales en un contexto de cambio global en el que se incluye el cambio climático como uno de los principales motores, aunque no el único. En este campo hay, afortunadamente, mucha ciencia y lo que debe hacer la Política es aplicar el conocimiento disponible a la acción pública en esta materia.
A esta alturas del verano, estamos ante uno de los peores años en incendios forestales en España. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a fecha del 21 de agosto, 2025 se ha posicionado ya como el año más destructivo de la última década. Se estima que más de 396.791 hectáreas (datos provisionales) han sido arrasadas por el fuego, una cifra que supera las 306.555 hectáreas quemadas en 2022, que hasta ahora era el peor año de este siglo.
Las estadísticas señalan también que estamos ante un año con menos incendios pero más grandes (230 fuegos hasta mediados de 2025, en comparación, por ejemplo, con los 493 del año 2022) siguiendo la tendencia en la que hay menos eventos pero los que ocurren son de una magnitud mucho mayor, conocidos como Grandes Incendios Forestales (GIF), -aquellos que superan las 500 hectáreas-. Estos GIFs, aunque representan un pequeño porcentaje del total de siniestros (alrededor del 0,2% en la última década), son responsables de aproximadamente el 50% de la superficie total quemada.
Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestros bosques y la complejidad de su gestión. El debate sobre sus causas y soluciones es tan recurrente como las llamas que arrasan nuestro territorio cada verano, pero suele ocurrir con demasiado calor ambiental y en las cabezas. Analizaré el fenómeno desde tres perspectivas que considero clave: la división de competencias, el papel del cambio climático y la urgente necesidad de adaptar nuestras políticas de gestión forestal, dejando para el final algunas conclusiones que espero sirvan como “call the action”.
La división de competencias: un entramado complejo.
La gestión de los incendios forestales en España es un perfecto ejemplo de la estructura administrativa del país, derivada de la arquitectura constitucional del Estado Autonómico. Las comunidades autónomas ostentan las competencias en materia de prevención y extinción de incendios. Ellas son las responsables de elaborar los planes de prevención, de organizar los equipos de bomberos forestales y de coordinar las labores de extinción a nivel regional. Sin embargo, el Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mantiene un papel de coordinación y apoyo, en el caso de incendios de gran magnitud, movilizando medios aéreos y terrestres de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa y del propio MITECO para reforzar a las comunidades autónomas.
En el momento en el que escribo hay 2.400 militares de la UME en acción (1.400 en ataque directo y 2.000 en misiones de apoyo y relevo) que cuentan con 450 medios (maquinaria, drones, vehículos…). El MITECO tiene en los diferentes frentes activos 640 bomberos forestales con 56 medios aéreos, 7 autobombas y las pick-ups necesarias para el funcionamiento del operativo. A la aportación del gobierno central habría que añadir la inestimable colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (5.000 agentes de la guardia civil, 350 policías nacionales y 200 miembros de Protección Civil a día de hoy).
No parece por tanto adecuada la queja de algunos dirigentes políticos regionales y del líder de la oposición que, como en otras ocasiones, están orientadas a desviar la atención y a intentar difuminar la disminución de las inversiones en prevención y extinción de incendios forestales y utilizar de nuevo una catástrofe para confrontar con el gobierno de Pedro Sánchez. Pondré solo un ejemplo que puede resultar ilustrativo. Mientras el gobierno de Castilla-León reclamaba más medios al gobierno de la nación, mantenía aparcados, inutilizados, otros medios recibidos. Al desvelarse el asunto y ser pillados con el carrito de los helados, se han despachado con un simple “lo siento, no volverá a ocurrir”, emulando al ‘emérito’.
Lo que sí está resultando evidente es la incompetencia en la gestión de los dispositivos regionales contra incendios, (fallos de coordinación, falta de previsión en algunas contrataciones, opacidad informativa...), la disminución de la inversión de las comunidades autónomas en los últimos años, tanto en prevención como en extinción y, en algún caso, la deriva hacia la privatización de estos servicios públicos.
El cambio climático: el acelerador de la tragedia.
Negar la incidencia del cambio climático en los incendios forestales es ignorar la realidad. Todas aquellas personas que declaran que “siempre ha hecho calor en agosto” o los que nos llaman ‘fanáticos climáticos’ a los que señalamos que estamos ante un escenario diferente al que nos enfrentábamos hace unas décadas, están haciendo un flaco favor a la hora de enfrentar y resolver la delicada situación. El aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones y la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos -como la prolongada ola de calor de este mes de agosto- crean un escenario perfecto para la propagación de las llamas. La vegetación se seca, se convierte en un combustible altamente inflamable y los días de alto riesgo se multiplican. El cambio climático no provoca los incendios -es cierto que la gran mayoría son de origen humano, ya sea intencionado o accidental-, pero sí aumenta su probabilidad, los magnifica y dificulta su extinción. Convierte fuegos pequeños en gigantes, conocidos como megaincendios o incendios de sexta generación, que escapan al control de los equipos de extinción, ya que alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de modelar, por lo que se hace muy difícil predecir el comportamiento del fuego.
Pero igualmente influyente son otros motores de cambio global como la urbanización en interfaces urbano-forestales, la ausencia de medidas de gestión adaptativa en nuestros montes o, en algunos casos, el insuficiente dimensionamiento de los dispositivos de prevención y extinción y la precariedad de salarios y de medios con la que trabajan los profesionales.
La adaptación de los montes: la clave para el futuro.
Si el cambio climático ha cambiado el tablero de juego, nuestras políticas forestales también deben hacerlo. Es urgente dejar atrás la visión de ‘bosques intocables’ y adoptar una gestión forestal activa. Ello implica silvicultura preventiva, impulso de la ganadería extensiva tradicional, recuperación del mosaico agroforestal y una adecuada ordenación del territorio.
Este debe ser el verdadero significado de los que se ha dado en llamar, de manera simplista, “apagar los fuegos en invierno”, o actuaciones de gestión de las masas forestales para la prevención de los incendios. Sería más adecuado considerar que lo que debemos realizar es una gestión adaptativa de nuestros montes, lo que en Andalucía se ha bautizado como una transición hacia el paisaje mediterráneo del siglo XXI, esto es, montes con discontinuidades, heterogéneos, multifuncionales, lo que implica políticas públicas de restauración de la naturaleza basadas en la gestión adaptativa ante el cambio global. El objetivo es avanzar hacia ecosistemas con mayor biodiversidad, más resilientes y más resistentes ante el fuego y también ante otros agentes agresivos causados o favorecidos por el cambio climático: decaimiento forestal, incendios, plagas, sequías extremas, pérdida de biodiversidad… Esta reorientación de la política forestal debe servir además para frenar la despoblación y para la creación de empleo en el medio rural, así como para dinamizar un tejido económico asociado a estas actividades.
Lo que debemos desterrar de nuestro lenguaje (y sobre todo de nuestras cabezas) es lo de “los montes están sucios y llenos de matojos y maleza”, y por lo tanto hay que dejarlos ‘limpios’ (lo que algunos entienden sin ninguna vegetación). Es cierto que desgraciadamente hay mucha suciedad, mucha basura, en algunos espacios naturales, como en los ríos o en las playas, que proviene de la mala educación (así, sin el apellido ambiental) y del comportamiento irrespetuoso con la naturaleza de demasiadas personas. Pero no es adecuado referirse a que el monte está sucio cuando hay diferentes estratos de vegetación, que forman parte de una sucesión natural, en muchos casos originada por el abandono rural y que en función de las condiciones meteorológicas va variando cada temporada.
En primer lugar debemos entender que a mayor biodiversidad los montes son más ricos y más resilientes y en segundo lugar hay que saber que no es sostenible (ni económica ni ambientalmente) mantener los bosques como si fueran un parque urbano. La teoría, que ya ha calado en USA en la segunda era Trump, de cortar los árboles para que no se quemen, encierra un concepto antiguo y productivista de los montes muy alejado del papel que en la actualidad debe otorgárseles como fuentes de bienes y servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar de nuestra sociedad. El monte no tiene la culpa de que alguien lo queme, a veces con un interés más o menos oculto (urbanístico, generación de pastos… o ahora probablemente en algún caso para el despliegue irracional de energías renovables).
En este contexto el Pacto de Estado frente a la emergencia climática, ofrecido por el presidente del Gobierno, no solo es oportunísimo sino que es necesario para establecer una más clara co-gobernanza, (que implique también a los ayuntamientos), lo que supone un gran desafío para la colaboración y coordinación entre administraciones, dejando claro que las competencias en extinción y prevención de incendios, residen fundamentalmente en las comunidades autónomas.
También debe resultar meridianamente claro que la necesaria respuesta debe ser abordada con políticas basadas en la evidencia de la emergencia climática, dispositivos públicos de extinción bien dotados y profesionales bien formados y dignamente remunerados, que implica, entre otras cuestiones, una mayor inversión en la capacidad de detección y en la extinción temprana.
En todo caso debemos aprender, de una vez por todas, que la lucha contra los incendios forestales no se libra solamente en verano con cubas de agua, mangueras, aviones, drones y toda la parafernalia que se quiera, sino durante todo el año con políticas activas en los montes y con una mayor conciencia de la sociedad. El cambio climático exige anticipación y una transformación de la gestión forestal hacia “paisajes adaptados” que reduzcan la vulnerabilidad y aumenten su resiliencia.
Hablemos, en caliente si queremos, de quién tiene la culpa de los incendios forestales, echémonos en cara “quién puso más” como dice la canción, pero cuando llegue el otoño, no nos olvidemos de la necesaria reorientación de las políticas públicas de prevención y extinción de incendios teniendo en cuenta el impacto del cambio global en los ecosistemas mediterráneos.
Por una vez, y a ver si sirve de precedente, la derecha centrada y moderada, la que aspira a gobernar, aunque se haya quedado anclada en ser oposición a todo, sin alternativas, (de la ultraderecha no espero nada positivo tampoco en este campo), debe apostar por políticas de Estado con mirada larga y abandonar el “cuanto peor, mejor”, que lleva practicando tantos años; Feijóo debe dejar de sucumbir al populismo demagógico y utilizar cualquier asunto como una política de confrontación contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y, si le queda autoridad, el líder de la oposición debe ordenar a sus barones, y baronesas, que se sienten a dibujar una estrategia, que más allá de pensar en las próximas elecciones sirva para dejar una mejor herencia a las siguientes generaciones. Si el PP gobernara en el futuro se vería beneficiado de este asunto de gran calado y, aunque no llegara a hacerlo, también porque demostraría, al menos en esta ocasión, que es capaz de llegar a acuerdos de interés general. En ambos casos, la sociedad en su conjunto vería que sus representantes públicos son capaces de alcanzar un consenso ante la acción ante el cambio climático lo que serviría para cambiar el clima político, cada vez menos respirable.
