'Regularizar para humanizar: justicia social frente al bulo y la hipocresía' | El Independiente de Granada
Arranco la semana como un apóstol intruso, escribiendo una carta, de buena fe, a los cristianos de buena fe. No quiero que, cuando dentro de un tiempo nos avergoncemos de cómo hemos tratado a otras personas, me recriminen mis hijos o mis nietos que yo qué opinaba.
Perdonad la homilía.
Regularizar para
humanizar:
justicia
social frente al bulo y la hipocresía
SACANDO
PUNTA
Ignacio
Henares Civantos
Carta
abierta a los CRISTIANOS,
de
buena fe, sobre la inmigración
El debate público
sobre el Real Decreto sobre inmigración aprobado por el gobierno
para iniciar el proceso de “regularización de personas
migrantes en situación administrativa irregular”, se está
viendo contaminado por bulos, miedos interesados y discursos que
deshumanizan. Frente a este ruido, conviene recuperar una mirada
serena, informada y profundamente humana. Hay que recordar que esta
propuesta política parte de una Iniciativa Legislativa Popular
presentada en el Congreso de los Diputados y respaldada por cientos
de miles de firmas y por una amplia red de organizaciones sociales,
sindicales, eclesiales y académicas. Desde mi punto de vista y de mi
manera de entender nuestra sociedad, es una propuesta jurídicamente
viable, socialmente necesaria y moralmente inaplazable.
Defenderla, desde un
humanismo cristiano, no es una concesión al ‘buenismo’, como
algunos pretenden caricaturizar. Es, ante todo, una exigencia ética
profundamente arraigada en la Doctrina Social de la Iglesia y
coherente con la defensa de los principios básicos de nuestro Estado
Social y Democrático de Derecho consagrados en nuestra Carta Magna.
Vivimos momentos en
los que algunos se empeñan en meter a la Iglesia en la esfera
pública, y la propia jerarquía eclesiástica se mete en política,
(incluso el presidente de la Conferencia Episcopal se ha atrevido a
pedir elecciones generales anticipadas). Momentos en los que, ante la
tragedia de un desgraciado accidente ferroviario, nos han impuesto un
funeral religioso público, en directo, urbi et orbe. Y
sin embargo en un asunto como el tema de la inmigración que requiere
la implicación social
directa y comprometida, se
echa de menos la presencia activa y la falta de liderazgo
desde una visión cristiana.
Yo me he criado
en una sociedad de valores en los que la dignidad
de la persona es el principio irrenunciable que debe orientar
cualquier política pública. Por
ello me repatea que se hable de ‘ilegales’,
cuando nos referimos a
hombres y mujeres que
trabajan honradamente,
que cuidan
de nuestros familiares,
que sostienen
sectores de nuestra economía y que
forman parte de nuestras
comunidades.
Acudiendo a
las Sagradas Escrituras (Éxodo) encontramos una interpelación
directa: “no oprimirás
al extranjero; vosotros conocéis la suerte del extranjero, porque
extranjeros fuisteis”.
Obvia decir que como españoles deberíamos ser sensibles a los
inmigrantes, nosotros que hemos sido emigrantes como bien debería
saber el gallego
Núñez Feijóo. Y es más, el propio Jesucristo
fue claro al respecto como
podemos leer en el evangelio (Mateo),
“fui forastero y me
acogisteis”. La
hospitalidad, la justicia y la defensa del vulnerable no son añadidos
opcionales del humanismo
cristiano, forman
parte de su núcleo
esencial, no como un
llamamiento piadoso, sino
como un
criterio de juicio ético y social. Como
emigrante durante cinco años en mi juventud, quizás yo haya
desarrollado una empatía espacial, al haber estado “metido en esos
zapatos”.
Quiero creer que
muchas personas de
pensamiento cristiano estén
siendo víctimas de las campañas de desinformación que, con el
objetivo de derrocar al gobierno progresista, buscan el odio y la
confrontación y persiguen infundir miedos. Esa debe ser la finalidad
del argumento que algunos tontos del bulo propagan cuando señalan
repetidamente que la regularización genera un
‘efecto llamada’.
La experiencia, por el
contrario demuestra que las personas migran históricamente empujadas
por causas estructurales (conflictos,
pobreza, cambio climático, desigualdades globales),
no por procesos administrativos complejos y limitados en el tiempo.
No se trata de proponer
fronteras abiertas ni una
regularización automática per
secula seculorum,
sino una medida excepcional para una realidad ya existente y
enquistada. Negar derechos no frena la migración, solo la hace más
vulnerable.
Otro argumento
recurrente, más falaz aún, sostiene
que las personas
migrantes “quitan
trabajo” o “viven de ayudas”.
La realidad es que miles de personas en situación irregular ya están
trabajando, muchas veces en condiciones precarias, sin contratos ni
derechos, especialmente en sectores como la agricultura, la
hostelería, los cuidados sociales
o la construcción. Regularizar no quita empleo, ordena
el mercado laboral,
combate la economía sumergida y protege tanto a trabajadores
migrantes como autóctonos frente al abuso. Además, con la
regularización aumentan las cotizaciones y los ingresos públicos,
fortaleciendo el Estado del Bienestar.
También se
difunde el miedo con una
supuesta amenaza a
la seguridad o a la convivencia.
Este discurso no solo carece de base empírica, sino que resulta
profundamente injusto. Y no
solamente porque
la regularización tiene como requisito imprescindible
no tener antecedentes penales ni suponer amenaza para el orden
público. La exclusión administrativa es
la que genera marginalidad,
la inclusión genera cohesión. ‘Dar papeles’ es dar derechos,
pero también deberes, visibilidad y responsabilidad compartida. Una
sociedad más justa es, siempre, una sociedad más segura.
En el proceso
iniciado se trata de
regularizar a quienes ya
están aquí, ya viven entre nosotros y ya contribuyen. Es
una medida de realismo
social que
se
incardina en
un Plan de Integración y Convivencia y debe
tener
continuidad con una estrategia de migración regular, segura y
ordenada. Mirar
hacia otro lado perpetúa una hipocresía colectiva: nos beneficiamos
del trabajo de estas personas mientras les negamos el reconocimiento
legal y la plena dignidad cívica.
Esta regularización
no es la primera ni será la última, ni aquí ni en el resto de la
Unión Europea. La propia Meloni por ejemplo, (de la que presumen
amistad y a la que admiran tanto la derecha extrema como la extrema
derecha española), aunque mantiene la retórica anti-inmigrantes con
la que llegó al gobierno italiano, autorizó entre 2023 y 2025 más
de 400.000 contratos a extranjeros. Con la última regularización
del verano pasado se prevén en ese país hasta 500.000 nuevos
visados de trabajo para migrantes extraeuropeos en los próximos tres
años.
La regularización de
inmigrantes fue apoyada explícitamente por el PP votando a favor de
la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular.
Entonces su presidente afirmaba “hay un debate que
debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en
España y que trabajan en España pero que no obtienen o no han
obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos” y
el portavoz, por entonces del PP, Borja Sémper, reconoció que había
cientos de miles de personas trabajando en la economía sumergida,
sin cotizar y sin derechos defendiendo que “a estos seres
humanos hay que darles una salida”.
Bajo los gobiernos de
José María Aznar, con Mariano Rajoy de ministro del Interior para
más inri, se produjeron tres regularizaciones: en 1996, en
2000 y en 2001, que alcanzaron a unas 500.000 personas. Y antes, a
principios de los 90 el PP apoyó las medidas al respecto tomadas por
el gobierno del expresidente (y exsocialista), Felipe González,
defendiéndolas siempre con argumentos humanistas y económicos.
Mucha gente se
preguntará ¿qué ha cambiado para que un asunto que se supone
cuenta con un amplio consenso social se convierta ahora en nuevo
caballo de batalla? Pues, si la realidad migratoria ni la evidencia
no son diferentes, lo único que se ha trastocado es la estrategia
política del PP que se pasó hace tiempo de integrar a la extrema
derecha y democratizarla a sucumbir a sus postulados y a arrastrarse
a su discurso y a su programa antidemocrático.
Lo de Vox es
previsible, el racismo es uno de los puntos principales de su
programa político como muestra que en su propaganda aparezcan memes
de Pedro Sánchez entregando pasaportes a jóvenes de aspecto
magrebí. Curiosamente serán inmigrantes latinoamericanos los que
más se beneficien de este proceso, esos que prefería la Ayuso y que
decía “que estaban como en casa”.
El
líder de Vox, Santiago Abascal también ha vuelto a
hacer el ridículo queriendo implicar a la Unión Europea afirmando
que estas medidas perjudican “el correcto funcionamiento del
espacio Schengen”, confundiendo y/o ignorando que conseguir un
permiso de trabajo en España no se extiende a otros países.
Núñez Feijóo, y sus
portacoces del PP, han comprado también otro bulo de la ultraderecha
al acusar a Pedro Sánchez de intentar ganar votos entre los
extranjeros. Todavía escucho y leo a algunos hooligans
agarrados a esta burda mentira, ocultando que un permiso de trabajo
no significa obtener la nacionalidad que es la que da derecho al voto
en unas elecciones generales o autonómicas. Y que la residencia
legal permite el voto solamente en las elecciones municipales, en
determinadas condiciones y con tres años de vigencia, por lo que no
llegaría a tiempo para las próximas. Se vuelve a repetir aquello de
“que la verdad no te estropee el titular”.
Cuando escucho estos
prejuicios no puedo dejar de pensar en el refrán de “piensa el
ladrón que todos son de su condición”
e imaginar qué son capaces de hacer (el que pueda hacer
que haga) por conseguir el poder
o desde el poder. Un refrán, por
cierto, que algunos asocian a
paisajes bíblicos como el comportamiento de Judas Iscariote al
juzgar las acciones de otros sobre el uso del dinero.
Ahora bien, debo
confesar que me decepciona
e indigna cuando
oigo a
quienes defienden la regularización solo
desde argumentos económicos:
porque “faltan
trabajadores”, porque
“mejoran las
cotizaciones” o porque
“conviene al PIB”.
Sin negar que estos efectos existan, reducir la dignidad humana a su
utilidad económica es profundamente preocupante.
Y aquí es donde
me gustaría encontrar a cientos, miles, millones de personas que
pregonan la doctrina de Jesús de Nazaret. Me
gustaría que en todas las misas, en todas las iglesias españolas,
se extendiera la Doctrina
Social
de la Iglesia que señala que “el
trabajo está al servicio de la persona, y no la persona al servicio
del trabajo”. Me
gustaría que en las homilías se predicara que la regularización
es justa, no porque sea rentable, sino porque reconoce derechos a
personas humanas, a hijos
de Dios. Defenderla solo
porque “nos conviene”
es aceptar, implícitamente, que si un día dejara de ser rentable,
dejaría de ser justa. Y eso es inaceptable desde
un pensamiento humanista cristiano.
Cuando
el orden administrativo se antepone sistemáticamente a la dignidad
humana, algo se ha torcido profundamente en nuestra escala de
valores.
¡Tan lejos han
quedado ya los buenos sentimientos navideños cuando se celebraba el
nacimiento de Jesús, el hijo de Dios bajado del cielo para impartir
la buena nueva de amar al prójimo!
¡A ver si pasan
pronto las carnestolendas, en las que muchos parecen estar instalados
permanentemente, y llega la Semana de Pasión en la que vivimos con
fervor la muerte y resurrección de nuestro Salvador y se renuevan
las devociones marianas a la madre de Jesús y nos ayudan a recuperar
el espíritu y el modo de vida ejemplar de los cristianos! Amén. Y
ojalá.