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De revolución verde a involución marrón | El Independiente de Granada
De
revolución verde a involución marrón
Ignacio
Henares.
A
pesar de la propaganda de la ‘revolución verde’ con la que
JuanMa Moreno se llena la boca con frecuencia, señalándola como lo
que necesita Andalucía para lograr un futuro sostenible, los hechos
del presidente de la Junta marchan en dirección contraria y el
gobierno andaluz se ha empeñado en acometer una vuelta al
‘ladrillo’, (y a la especulación y corrupción urbanística que
la acompañan), aprovechando la confusión y argumentando la urgencia
para salir de la crisis derivada de la pandemia.
Ya
se inició este ataque el año pasado con el
Decreto
Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial
de las Edificaciones Irregulares,
un largo nombre para enmascarar una
puerta para la legalización de 327.000
viviendas construidas sin cobertura legal, casas que alguien decidió
levantar, a sabiendas, donde no podía ni debía, sin
infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de agua y
electricidad.
El
segundo paso fue
la
aprobación del Decreto-Ley
2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación
de la regulación para el fomento de la actividad productiva en
Andalucía,
conocido como ‘Decretazo’ por sus múltiples enemigos entre los
que se encuentran sindicatos, consumidores, pymes y expertos en
Derecho. Este
Decreto Ley modifica
o deroga parcialmente 21 leyes y
seis decretos
y elimina más de doscientos trámites administrativos que afectan a
toda la actividad económica. Pero
es en la parte ambiental en la que más críticas ha recogido. Las
más importantes organizaciones
ambientales españolas
(Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF,) se
han mostrado, de manera unánime, contrarias a la aprobación de esta
norma
señalando las numerosas modificaciones que afectan negativamente a
cuestiones ambientales, tales como la ampliación de actuaciones que
se pueden declarar de interés autonómico (urbanizaciones
residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses,
grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales…),
la eliminación de la obligación de una
adecuada evaluación
ambiental de infraestructuras hidráulicas y energéticas y de
proyectos mineros -incluidas las canteras-, la sustitución de las
Autorizaciones Ambientales Unificadas por Calificación Ambiental
para determinadas actuaciones…
El
Tribunal
Constitucional ha
admitido a
trámite, por
unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el
Gobierno central
contra
varios preceptos de este
'decreto
estrella’ del
gobierno andaluz por
invasión de competencias
estatales, tanto
en
materia de publicidad
institucional en
medios audiovisuales (emisoras
piratas)
como
en
los trámites de obras en el
entorno
de Bienes de Interés Cultural,
argumento legal que cuenta con el aval del Consejo de Estado.
Ante
este Decretazo han anunciado también los grupos de la oposición en
el Parlamento andaluz un recurso ante el mismo Tribunal
Constitucional, al apreciar que, por
un lado, el decreto-ley no se ajusta a un caso de extraordinaria y
urgente necesidad para su aprobación como establece la Constitución
y el Estatuto de Autonomía y
por otro señalan que se ha vulnerado el
derecho de participación política al haberse convalidado el
Decreto Ley en
la Diputación Permanente del Parlamento, un órgano que sólo opera
durante las vacaciones parlamentarias y tras la disolución de la
Cámara .
El
tercer mazazo, que
podría ser definitivo,
lanzado por
el
gobierno andaluz es
la
Ley
de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía,
(cuyas
siglas, LISTA, son toda una provocación), que
fusiona la del suelo y la de ordenación del territorio, y
cuyo anteproyecto ha sido
aprobado por tramitación urgente hace
apenas unos días. La norma derogará 3 leyes y 3 decretos, además
de parte del articulado y disposiciones de otras 16 leyes y de otros
3 decretos.
Dos
cosas positivas tiene esta norma. La primera es la intención,
loable, de reducir la maraña administrativa y buscar la agilización
de los trámites y el alivio de cargas innecesarias tanto a empresas
como a particulares. Pero tras esta cacareada simplificación y
agilización administrativa se esconde una desregulación, una manga
ancha para eliminar los controles urbanísticos y las garantías
ambientales y sea una forma de eludir la participación ciudadana.
Es sintomático que el mismo anteproyecto recoja que “… en
este sentido, no se trata de desregularizar el urbanismo, sino de
flexibilizarlo, estableciendo unas reglas claras y sencillas,
adaptadas a la realidad actual, fáciles de entender y fáciles, por
tanto, de aplicar”. Excusatio
non petita, acussatio
manifesta.
Otra
idea positiva la encontramos en la exposición de motivos del
anteproyecto, que incluye unos objetivos, también loables: mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos, ciudades inclusivas y
resilientes, urbanismo sostenible, regeneración y rehabilitación
urbana, mitigación del cambio climático, eficiencia energética…
Lamentablemente todo lo contrario de lo que se dispone a lo largo del
articulado, que se separa radicalmente de dichos objetivos.
Como
han señalado muchos expertos, la ‘LISTA’ se asemeja a una
alfombra roja para el ladrillo, reproduciendo la mentalidad
neoliberal de la etapa de la burbuja inmobiliaria de la ‘gloriosa’
época del Aznarísimo que diría Wyoming. La ley señala que todo el
suelo es urbanizable salvo el suelo rústico en el que
específicamente exista una prohibición expresa. Pero hay tantas
excepciones que prácticamente se puede hacer de todo en todo tipo de
suelos, estén protegidos o no, así que las invocaciones al modelo
de ciudad compacta mediterránea que se hacen en la parte expositiva
quedan en una pura falacia.
Por
ejemplo se permiten las actuaciones declaradas de interés público y
social por los ayuntamientos, incluyendo equipamientos e
instalaciones industriales, turísticas, terciarias y, lo que sería
más demoledor, “podrán autorizarse conjuntamente edificaciones
destinadas a uso residencial”, ¡en suelo rústico! En la lista
de las excepciones hay que incluir la larga lista de actuaciones de
“Interés autonómico” que puede aprobar la Junta de Andalucía,
y que son de implantación forzosa al margen de lo que determine el
planeamiento territorial y urbanístico. Por tanto el poder
discrecional para aprobar todo tipo de proyectos en el suelo
supuestamente rústico es prácticamente total.
Otra
de las amplias compuertas a la urbanización en el suelo rústico
contempladas es a través de la presentación de una “Actuación de
transformación urbanística” que aprobarían los ayuntamientos.
Estas “Actuaciones” las pueden presentar particulares, por lo que
las empresas promotoras, aún más, decidirán el desarrollo
urbanístico.
Uno
de los elementos más perversos de la nueva norma que se tramita es
que a partir de ahora una construcción ilegal en terrenos protegidos
prescribirá a los seis años, que hasta ahora no caducaban para
desanimar a los infractores, lo que podría blindar a quienes han
urbanizado ilegalmente en parques naturales o en bienes de interés
cultural, cuyas construcciones no podrán ser demolidas. Esto supone
un mensaje nefasto para los infractores sobre todo cuando en el
anteproyecto de ley no hay ninguna referencia a cómo prevenir el
urbanismo ilegal y cómo restaurar sus impactos, pero sí contiene
uno que se denomina “Adecuación Ambiental y Territorial de las
edificaciones irregulares”, en lo que constituye toda una
declaración de (malas) intenciones.
Las
consecuencias de estas reformas son previsibles: la nueva ley
permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por
todo el territorio andaluz, la generalización de segundas
residencias y la dispersión territorial, con sus secuelas de
degradación e impactos ambientales, y la generación de un modelo
urbanístico imposible de gestionar y de financiar sus servicios
públicos.
Es
especialmente amenazadora esta normativa, para el litoral andaluz, un
espacio ya muy urbanizado que está dando lugar a una creciente
pérdida de identidad y de diversidad. En este proceso de
transformación, se han ido deteriorando sus valores ecológicos,
ambientales y paisajísticos, perdiendo parte de su atractivo y
condiciones primigenias, las que lo convirtieron en un atractivo
lugar para vivir y visitar. Sólo utilizaré unos datos en este punto
para no aburrir. Las viviendas pendientes de construir en el litoral
andaluz, según los suelos ya clasificados, se acercan al millón
(un uno y seis ceros, 1.000.000 o 106 para los más
modernos).Y eso sin contar con los nuevos planeamientos proyectados
por los Ayuntamientos. Esa cantidad es el triple de la estimación
del Instituto Nacional de Estadística (INE), para toda nuestra
región hasta 2023 según el crecimiento poblacional.
Este
desajuste entre la oferta prevista en el planeamiento urbanístico y
las necesidades de alojamiento de la población reforzará la
vivienda como inversión y las segundas residencias frente a la
vivienda destinada a la formación de nuevos hogares, dificultando el
acceso para los colectivos que la necesitan especialmente a los
jóvenes.
