La ‘Granada digital’: 745 millones en la nube y la basura en la acera

 Hoy le saco punta a la asimetría del cubo de basura. 

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La ‘Granada digital’: 745 millones en la nube y la basura en la acera

Sacando punta

Ignacio Henares Civantos

Mientras los granadinos vamos asumiendo el impacto de las nuevas tasas municipales, el megacontrato de basura de 745 millones de euros —desatascado tras un lustro de parálisis administrativa— prometía revolucionar la limpieza mediante satélites e inteligencia artificial. Sin embargo, tras sus primeros meses de vigencia, la realidad a pie de calle desmiente la propaganda oficial: la tecnología de vanguardia se queda en ‘la nube’ y en el centro histórico, mientras los barrios periféricos acumulan mugre, promesas rotas y una desigualdad urbana que nos olíamos y que ya se puede oler.

Hubo un tiempo en que las promesas electorales y los grandes anuncios de gestión municipal se medían en ladrillos, rotondas o kilómetros de tranvía. Hoy, en la era de la transición ecológica y la revolución digital, la opulencia institucional se mide en toneladas de desperdicios y algoritmos de vaciado. El Ayuntamiento de Granada sacó pecho de manera histórica al rubricar el mayor contrato público de la corporación municipal en las últimas décadas: la adjudicación definitiva del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos a la empresa FCC Medio Ambiente. No hubo sorpresas, todo apuntaba a esta empresa que coincide casualmente con su salida inminente del Palacio de Congresos. Las cifras que acompañaron al anuncio marean a cualquier contribuyente de a pie: setecientos cuarenta y cinco millones de euros (lo pongo ahora en letra), comprometidos para los próximos quince años.

Visto sobre el papel institucional, Granada parecía a punto de convertirse en la vanguardia de las capitales europeas. El nuevo modelo prometía enterrar cincuenta y cinco años de monopolio del anterior sistema para dar paso a una suerte de utopía de la ingeniería urbana. Nos prometieron contenedores sensorizados con más de cinco millones de euros de inversión para calcular la frecuencia óptima de llenado, miles de nuevas papeleras inteligentes, rutas dinámicas diseñadas por satélite y una modernización de la flota de camiones que ríete tú de la NASA. Se acabó el azar, se acabó el ir a ciegas. La inteligencia artificial venía a rescatarnos de nuestros propios desperdicios.

La gestación del megaproyecto no estuvo exenta de drama, lo que ya hacía prever que el idilio tecnológico nacería torcido. El concurso público estuvo paralizado durante un lustro por un cruce destructivo de recursos y litigios administrativos interpuestos por las empresas que optaban al millonario pastel. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos tuvo que intervenir para desbrozar un camino plagado de impugnaciones de las competidoras, incluyendo las de PreZero, (el el brazo especializado en la gestión de residuos, reciclaje y economía circular del grupo Swcharz, gigante alemán propietario de Lidl y Kaufland), hasta que finalmente el gobierno municipal consiguió desatascar la firma oficial y dar el pistoletazo de salida definitivo. El equipo de gobierno respiró aliviado prometiendo una eficiencia sin precedentes y anunciando solemnemente que cada seis meses se evaluaría rigurosamente el cumplimiento del pliego.

Pues bien, ya han pasado los primeros meses desde la transición efectiva del servicio y la evaluación que se palpa en la calle dista mucho de los informes de powerpoint de la plaza del Carmen. No hace falta esperar a las comisiones técnicas periódicas para certificar que el gran hito de la gestión municipal sufre una asimetría alarmante. Mientras los sensores de última generación envían sofisticados paquetes de datos a la nube, los granadinos de a pie lo que acumulan en las aceras son cajas de cartón, bolsas rasgadas y capas de mugre que no entienden de microchips.

La ironía de gastar 745 millones de euros para tener una ciudad que los vecinos perciben más sucia que nunca no es solo un fracaso logístico; es una profunda injusticia social que redibuja las fronteras de la desigualdad en Granada. Porque, como suele ocurrir con la distribución del presupuesto público, la limpieza no se reparte con criterios de equidad, sino de visibilidad. El escaparate turístico del centro, el eje institucional y los entornos catalogados como Bien de Interés Cultural reciben el despliegue ornamental, el mimo de las papeleras de diseño y el paso constante de las brigadas de limpieza. Al fin y al cabo, hay que cuidar la postal que se vende al exterior.

Sin embargo, basta alejarse unos cientos de metros del epicentro turístico para que la realidad golpee con fuerza nuestros sentidos del olfato y la vista. Las denuncias de las asociaciones vecinales y los grupos de la oposición no han dejado de arreciar en los distritos periféricos. Vecinos del Zaidín, de la Chana o del distrito Norte asisten atónitos al espectáculo diario de islas de contenedores desbordadas donde las rutas dinámicas parecen haberse vuelto invisibles. En estos barrios, los sensores de llenado sirven para poco más que para decorar el plástico mugriento de unos depósitos que pasan días esperando el camión. La asimetría es flagrante: se pagan los mismos impuestos de recogida de residuos —con el consiguiente hachazo fiscal de las nuevas tasas anuales impuestas por imperativo europeo— pero se reciben servicios de categorías completamente distintas.

¿De qué le sirve a un vecino de los Pajaritos o de Joaquina Eguaras saber que la empresa concesionaria utiliza camiones con emisiones reducidas si las cacas de perro colonizan las aceras durante semanas y las manchas de grasa se incrustan en el asfalto hasta volverse permanentes? La brecha urbana de Granada ya no solo se mide en el desempleo estructural o en la dificultad de acceso a una vivienda digna; ahora también se mide en el grosor de la capa de polvo que cubre las calles de los barrios de las clases medias frente al relumbrón abrillantado del entorno de la Catedral.

El problema de confiarlo todo a los millones y a la tecnofilia es que se olvida el factor humano. Una papelera inteligente que avisa cuando está llena es un avance inútil si detrás no hay un operario con una escoba y un sueldo digno listo para vaciarla a tiempo. El despliegue de maquinaria de última generación queda en mera propaganda si la plantilla real a pie de calle no se dimensiona de acuerdo a las necesidades reales de una ciudad con una fisionomía tan compleja como la nuestra, plagada de cuestas, callejones estrechos y plazas recónditas.

La oposición municipal ya ha empezado a afilar los cuchillos de cara a las próximas revisiones del contrato, exigiendo auditorías reales y no meros trámites burocráticos. Y tienen motivos. El riesgo de estos megacontratos a quince años es que hipotecan el futuro de la ciudad con una rigidez pasmosa. Si el servicio empieza fallando en su primer año de rodaje, cuando la maquinaria es nueva y el entusiasmo de la adjudicataria debería estar en máximos, da escalofríos pensar en cómo estará la situación dentro de una década.

Para sacarle punta a este entuerto, la conclusión es casi filosófica: nos han vendido una Granada digital del siglo XXII pero nos están dejando una gestión de los residuos que arrastra las inercias más rancias del siglo pasado. El equipo de gobierno debería recordar que el ciudadano no juzga la eficacia de sus gobernantes por el volumen de los contratos millonarios que firma ante la prensa, sino por el estado del suelo que pisan sus zapatos al salir de casa por la mañana. Menos sensores de oro y más agua a presión.

Menos satélites orientando camiones y más atención a los barrios que sostienen esta ciudad económica y socialmente. Porque, de lo contrario, los únicos que terminarán haciendo un negocio redondo con los 745 millones serán los que recogen los beneficios en sus balances financieros, mientras los granadinos seguimos naufragando en un mar de promesas tecnológicas y calles sin barrer.