Es época de balances al término del mandato del autodenominado ‘gobierno del cambio’ en Andalucía. Y es momento para la evaluación del gobierno andaluz de coalición del PP y de Ciudadanos que necesitó para su investidura del voto de Vox y han contado con su apoyo externo a lo largo de la legislatura como por ejemplo en la aprobación de varios Presupuestos, por lo que pasará a la historia también, a pesar de sus protagonistas, como el gobierno trifachito.
Curiosamente la necesidad de contar con unos Presupuestos a final de este año es la razón esgrimida por el presidente andaluz Moreno Bonilla para la convocatoria adelantada, en medio año, de los comicios aunque tiene poco crédito el argumento después de que escucháramos hace unos meses, al vicepresidente de Ciudadanos, Juan Marín, (el ‘tonto útil’ del PP estos años), confesar que se podía gobernar con presupuestos prorrogados y "que no iban a retratarse con los recortes en vísperas de unas elecciones".
La pandemia ha funcionado como una capa que ha tapado una deficiente gestión del gobierno andaluz que ha ocultado sus carencias, además, con una estrategia de confrontación con el gobierno de la nación y una propaganda, que en ocasiones ha resultado vergonzosa, por lo babosa, y vergonzante, por realizarse con dinero público. Ha habido acciones del gobierno de las derechas que han gastado más en publicidad que en las propias actuaciones.
Quizás sea el área ambiental una de las que se puede apreciar de manera paradigmática esta pobre gestión y ausencia de impulso político y esa exagerada y vacua propaganda que en este caso además tiene su propia etiqueta (o hashtag que se dice ahora en redes): #RevoluciónVerde.
Arrancó el gobierno andaluz haciendo desaparecer la Consejería de Medio Ambiente que quedó diluida como una política sectorial y arrinconada en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca a la que se le añadió el ‘titulillo’ de Desarrollo Sostenible más como apunte cosmético que por contenido u orientación política. Más tarde la Consejería se dividiría en dos delegaciones territoriales, Agricultura, Ganadería y Pesca, por un lado, y Desarrollo Sostenible por el otro, quedando las políticas de Aguas en la primera parte y perdiendo en cualquier caso la política ambiental una visión integral y transversal. De paso, la cacareada supuesta reducción del tamaño de la Administración andaluza quedaba en entredicho ya que al final hay más puestos de libre designación al final del mandato.
No podemos decir que esta ausencia de una política ambiental sea una sorpresa ya que la derecha siempre ha considerado el medio ambiente como una rémora del desarrollo y con una intervención al final del proceso productivo, como políticas de saneamiento o de corrección de déficits ambientales, en el mejor de los casos. Es decir que los beneficios económicos son privados y el deterioro y los impactos al medio ambiente hay que pagarlos colectivamente.
Han querido maquillar JuanMa et al. este déficit con la muy manoseada ‘Revolución Verde’ con la que han querido dar brochazos para pintar la gestión ambiental, o la ausencia de ella más bien, en un claro y evidente intento de ejercicio de greenwashing y de adanismo, queriendo apuntarse como novedades muchas actuaciones que eran la mera inercia del trabajo de gobiernos anteriores.
Más peligroso se puede considerar, en este sentido, un segundo mandato de las derechas, eventualmente con el apoyo o en coalición con la ultraderecha sobre todo si tenemos en cuenta que la nueva legislación urbanística en desarrollo, y la visión neoliberal de la salida de la crisis, pueden ser usadas para la especulación e impulso de un modelo de desarrollo ya fracasado y de graves impactos y daños ambientales.
En el campo concreto de la lucha contra el cambio climático el panorama es aún más desolador. Heredaron una ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Andaluz, publicada en octubre de 2018, pero han dedicado todo este tiempo a su desarrollo reglamentario, que debió haberse realizado antes del 16 de enero de 2021 (por propio ‘imperativo legal’ de la Disposición Adicional) pero que hasta octubre del año pasado no ha visto la luz. El Plan Andaluz de Acción por el Clima, finalmente aprobado en octubre del año pasado, contiene una serie de medidas fundamentalmente desiderativas que no han sido desarrolladas y que carecen de compromisos reales firmes. Por su parte el Consejo Andaluz del Clima, ha tardado otros tres años en constituirse y está hibernado. Como en otros múltiples ámbitos hay alergia a la participación ciudadana y a la coordinación con otras administraciones.
Este panorama ya de por sí desalentador podría ser aún peor… Los de Vox, versión política española del negacionismo climático, ya han anunciado que van a derogar las ‘leyes climáticas’. Una alianza entre los que pusieron el ‘impuesto al sol’ y los que niegan las evidencias del cambio climático puede tener consecuencias nefastas, también en el campo medio ambiental y en la lucha contra el gran reto que tiene planteada la Humanidad en estos momentos.
La ecuación quedaría reformulada en los siguientes términos:
En esta ocasión, la triste verdad de esta posibilidad, sí tiene remedio, en las urnas el 19 de junio con un cambio del ‘cambiazo’.
#SiVotamosGanamos (ellos siempre van a votar y luego sumarán sus votos y sus intereses)
#AndalucíaQuiereMás (Medio Ambiente Más sano, Más conservación de sus espacios naturales, Más Lucha contra el cambio climático, Transición ecológica Más Justa, Más Economía Circular).
